Con el propósito de aportar evidencia y propuestas al debate sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el país, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, junto a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizó el taller "Algunas prioridades de la seguridad pública", actividad basada en los Boletines Agenda Pública N°17 (mayo) y N°19 (julio), elaborados por el CEGEP.
El encuentro se desarrolló el miércoles 22 de julio y fue transmitido en directo a través de El Mostrador, congregando a autoridades, académicos y especialistas vinculados al ámbito de la seguridad pública.
La jornada fue inaugurada por el diputado miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Juan Marcelo Valenzuela, mientras que la presentación estuvo a cargo del director del CEGEP, por su coordinadora Clarisa Hardy, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo como este para enriquecer el debate público mediante evidencia, reflexión académica y experiencias provenientes de la gestión pública.
Como expositores participaron Hugo Espinoza, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, y Gabriel de la Fuente, exministro Secretario General de la Presidencia, quienes analizaron los principales desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad. Sus intervenciones fueron comentadas por Carolina Droppelmann, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por el diputado Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
Durante el taller se abordaron los principales contenidos de los documentos elaborados por el CEGEP, los que plantean la necesidad de avanzar en una agenda integral de seguridad sustentada en cuatro ejes: la modernización de las policías; una persecución penal especializada; el fortalecimiento de los sistemas de custodia y reinserción; y una estrategia efectiva para enfrentar el crimen organizado como un fenómeno estructurado, dinámico y altamente adaptativo.
Los documentos sostienen que la seguridad pública no puede descansar exclusivamente en el endurecimiento de las penas o en la expansión del castigo. Por el contrario, plantean la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado mediante una mayor coordinación entre las instituciones de justicia, inteligencia, gobiernos locales, políticas sociales y sistemas de protección, promoviendo además una presencia territorial permanente.
Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción de la confianza entre las comunidades y las instituciones, entendiendo que una seguridad sostenible requiere tanto de instituciones eficaces como de comunidades organizadas.
Entre las principales conclusiones se señaló que la realidad de la seguridad pública en Chile exige abandonar respuestas simplistas frente a un fenómeno cada vez más complejo, caracterizado por altos niveles de victimización, temor ciudadano, violencia y expansión del crimen organizado. En ese contexto, los participantes coincidieron en que una política pública eficaz debe integrar prevención, persecución penal especializada, fortalecimiento del sistema penitenciario, protección de las víctimas, inteligencia estratégica, gobernanza de datos, fortalecimiento municipal y participación ciudadana.
Finalmente, el encuentro concluyó que el desafío central consiste en construir un Estado con mayores capacidades para anticipar, coordinar y responder de manera efectiva frente a las nuevas formas de criminalidad, combinando firmeza en la persecución del delito con legitimidad democrática, coordinación institucional y una visión estratégica de largo plazo.
